Valencia ampliará fondos de asistencia para alquiler a todos los que califiquen

El Pleno del Ayuntamiento se comprometió este martes a garantizar las ayudas al alquiler a todas las familias que cumplan las condiciones. Para ello, la corporación se comprometió a “seguir impulsando las acciones necesarias del Servicio de Vivienda para otorgar la condición de beneficiarios a los solicitantes que, cumpliendo con todos los requisitos de la Convocatoria Municipal de Asistencia a la Vivienda 2025-2026, fueron excluidos por agotamiento del crédito y no fueron beneficiarios del Programa de Asistencia a la Vivienda para el año 2025”.

Asimismo, el Pleno expresó su deseo de “reafirmar el compromiso y seguir trabajando en el desarrollo del Plan + Vivienda impulsado por el Ayuntamiento de Valencia, así como las nuevas medidas de vivienda presentadas ayer a la ciudadanía por el Alcalde de Valencia”.

La iniciativa se adoptó a raíz de una moción presentada por el Grupo Municipal Compromís, con el apoyo del Grupo Municipal Socialista. Antes del debate, tomó la palabra José Luis González Meseguer, representante de la Asociación de Veïnes i Veïns de la Torre, y lamentó “las 500 familias cuyas solicitudes quedaron excluidas por agotamiento del crédito presupuestario”. El portavoz del distrito destacó «la necesidad de que el Ayuntamiento amplíe urgentemente el crédito necesario para atender las solicitudes de estas familias, que reúnen las condiciones y han sido excluidas, y que representan el 30,57% del total». También propuso “que esta situación se tenga en cuenta en el próximo presupuesto”.

El equipo de gobierno presentó una propuesta alternativa, que finalmente fue aprobada con los votos del PP y Vox, mientras que Compromís se abstuvo y el grupo socialista votó en contra.

El problema de la vivienda

El concejal Ferran Puchades, de Compromís, destacó la necesidad de crear “un marco regulatorio que asegure la protección y la regulación y, en el caso de la política de alquiler, que asegure la equidad en las relaciones entre propietarios e inquilinos”. Puchades denunció que el gobierno local «volvió a otorgar ayudas de vivienda con un monto congelado, como hace tres años, y los resultados son claros: hubo menos solicitudes y beneficiarios que el año anterior, y los excluidos por falta de crédito se duplicaron: de 260 a 550». “Y en respuesta a eso, el otro día convocó apresuradamente una conferencia de prensa para anunciar medidas”, añadió.

La concejala socialista Maite Ibáñez acusó al Gobierno local de “ceder terrenos públicos a empresas constructoras a cambio de unas pocas viviendas, lo que resultó en la pérdida de terrenos para más de 530 viviendas públicas”. Además, instó al equipo de gobierno a “aplicar la ley nacional de vivienda, que permite controlar los precios de los alquileres”.

El concejal de Urbanismo y Vivienda rechazó las críticas de la oposición y presentó un balance de los logros de este mandato: «En 2023 nos comprometimos a impulsar 1.000 VPP en esta legislatura y hoy, dos años y medio después, podemos demostrar la diferencia entre quienes prometen y quienes cumplen sus promesas. Este municipio ha puesto sobre la mesa el dinero, el presupuesto, el suelo y la gestión, y los datos son indiscutibles», afirmó. «Hemos multiplicado por 11 la inversión en vivienda, de 5,5 millones en 8 años de gobiernos de izquierda a más de 60 millones en sólo dos años y medio; hoy Valencia tiene 1.000 viviendas sociales en construcción, ya que se está ejecutando el 45% del Programa Vivienda +», concluyó.

Debate sobre el uso del derecho penal

En la sesión de hoy, el Pleno aprobó, con el voto del equipo de gobierno y en contra de la oposición, una moción que expresa «preocupación por el uso del derecho penal en conflictos políticos entre miembros de la Corporación», comprometiéndose a “promover espacios de mediación, diálogo y resolución de conflictos internos”.

Esta moción fue una alternativa a las presentadas inicialmente por el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Compromís, que pedían el cese de la concejal del Grupo Municipal de Vox, Cecilia Herrero, ante la solicitud de pena de prisión por delitos de odio.

El portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Papi Robles, declaró que “el racismo no se puede tolerar y Vox ha conseguido normalizar el odio dentro de las instituciones con la connivencia del Partido Popular”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, pidió la destitución de Herrero porque «una persona a la que se le piden tres años de prisión no puede ser concejal en el Ayuntamiento de Valencia».

Debate sobre la financiación regional

Durante el debate en el pleno, la corporación abordó la propuesta del Gobierno español de un nuevo modelo de financiación autonómica, respaldando la propuesta común presentada por los grupos socialistas y municipales de Compromís. El Gobierno municipal rechazó esta iniciativa de la oposición, que proponía apoyar la propuesta del ejecutivo central y que incluía la condonación de la deuda asumida por la Generalitat Valenciana debido a la infrafinanciación.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, defendió la propuesta, citando el acuerdo alcanzado en el Pacto de Financiación durante la pasada legislatura a nivel autonómico. “Era muy difícil convencer al resto del Estado del problema valenciano… y hoy, la propuesta que viene del Gobierno español es prácticamente la propuesta valenciana”, aseguró.

Por su parte, la consellera Eva Coscollá, de Compromís, denunció la «infrafinanciación estructural histórica» que sufre la Comunitat Valenciana desde hace más de 30 años, señalando que «sin un nuevo sistema de financiación equitativo, un fondo de nivelación temporal y la condonación de deudas, el País Valenciano quedará atrapado en un círculo de asfixia financiera».

El portavoz de Vox, Vicente Gosálbez, rechazó la propuesta del Gobierno central, argumentando que «ese modelo autonómico que están debatiendo no es un modelo de gestión, es un modelo de sumisión».

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Caballero, también se manifestó en contra de la propuesta, sosteniendo que «después de 20 años de infrafinanciación, los valencianos merecemos mucho más que aceptar los restos que el Gobierno central ha preparado para los separatistas catalanes».