La asesora socialista Elisa Valía denunció que, incluso si María José Catalá insiste en abrir una oficina anti -táctil innecesaria «inusual» para que los propietarios pongan alarmas o expliquen cómo obtener juicios rápidos, su gobierno no puede resolver el problema de la vivienda municipal ocupada por el plan Cabanie. «Cataá fue un nuevo nacional para su propuesta como una oficina antideslizante cuando todos saben que no hay un problema de ocupación real. ¿Dónde existe sin haber hecho nada para resolverlo en el plan Cabanie, porque la mitad de las 53 casas municipales están ocupadas», dijo?

En este sentido, el alcalde enfatizó que los socialistas no están sorprendidos por el anuncio de Cataá porque es un intento de «contener la ultra derecha y desviar la atención a la enorme crisis del gobierno que se abrió y que causa un problema de debilidad política muy inquietante para la ciudad». Sin embargo, subrayó: «Lo sorprendente es que tiene la intención de asesorar en este caso que tiene la ocupación de la mitad de las casas de la compañía municipal».

Elisa Valía explicó que actualmente, como se indica en la información proporcionada por el propio Consejo Municipal sobre la situación del Plan Cabalal, el Consistorio tiene 53 casas en el vecindario. De todos, la mitad, 26, no están disponibles porque tienen una «profesión no autorizada», como se describe en el documento proporcionado por el gobierno catalán.

Dada esta situación, el asesor socialista ha cuestionado la «inactividad» del gobierno de PP en viviendas más allá de las medidas «inútiles», como la creación de la Oficina de Antiocultura. «No ha hecho absolutamente nada para absorber el aumento de los precios de la vivienda y el alquiler. Ni siquiera lanzó los límites de la renta que permite la Ley de Vivienda y la esperanza se agota de que antes del final de la Asamblea Legislativa, Cataá hace algo para que las familias de la ciudad no se expulsen de su vecindario», continuó.

Finalmente, como parte socialista, le pidió «una vez más que dejara de actuar como una publicidad de una compañía de alarma y actúa de inmediato como alcalde consciente de que las familias de valencia no pueden pagar 1.700 euros por mes de alquiler y que en su mano, debe garantizar el acceso a una casa a todas estas familias», concluyó.