El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Valencia, Borja Sanjuan, y la concejal María Pérez expresaron la voluntad de su formación de sentarse a debatir con el equipo de gobierno del Partido Popular para conseguir una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) «real y efectiva». Sin embargo, ponen como «condición innegociable» que esta ordenanza «cumple la normativa europea y pretende reducir realmente la contaminación en la ciudad» y que «se garantiza que el Corredor Verde no permitirá la circulación de vehículos privados».

Durante la rueda de prensa organizada para explicar la postura del grupo socialista, los electos explicaron que la actual propuesta del PP es «la más laxa de toda España, con plazos excesivamente largos, poco impacto en los vehículos más contaminantes y una batería de excepciones que desvirtúan por completo la utilidad de la medida». “Valencia no puede permitirse el lujo de perder 115 millones de euros de financiación europea, pero tampoco puede permitirse el lujo de mantener los niveles actuales de contaminación que amenazan la salud pública”, afirmó María Pérez.

Así, ha recordado que tanto la Generalitat como el Síndic de Greuges «han advertido de que el orden actual no es ambicioso y que no se ajusta a los objetivos europeos». Además, ha destacado que estudios recientes de la Universitat Politècnica de València «demuestran que más del 40% de los puntos de medición de la calidad del aire de la ciudad superan los niveles actualmente autorizados, y que prácticamente todos superarían los límites que marca la nueva directiva europea ya aprobada».

Por su parte, Borja Sanjuan puso sobre la mesa “la necesidad de endurecer los plazos, limitar más tipos de etiquetas contaminantes –especialmente la B– y reducir las excepciones a criterios objetivos como los ingresos, para que la ZBE no sólo evite sanciones, sino que también tenga un impacto real en la calidad del aire”. También criticó que barrios como San Isidro o Marítimo, «excluidos de la propuesta actual, puedan convertirse en aparcamientos para el resto de la ciudad si no se amplía el alcance».

Finalmente destacó que esta negociación “debe cerrarse de inmediato, ya que los plazos legales para la aplicación de la ZBE vencen a finales de año”. «Si no se cumplen nuestras condiciones y no se garantiza que el Corredor Verde esté completamente libre de tráfico, esta ciudad perderá su financiación, su salud y una oportunidad histórica de avanzar en términos de sostenibilidad», afirmó, recordando que «la responsabilidad de llegar a un acuerdo es de quienes gobiernan». “Si el Consejero de Movilidad pierde más de 100 millones de euros, tendrá que dimitir”, concluyó.