El Comunidad costeará las peritaciones para que afectados y no asegurados puedan acreditar los daños causados ​​en sus viviendas.

El Comunidad de Valencia asumirá los gastos derivados del tratamiento que deban realizar las personas cuyas viviendas resultaron afectadas por la riada del 29 de octubre y que no disponen de seguro. Así lo explicó este lunes la alcaldesa de València, María José Catalá, luego de que el Consejo de Gobierno Lugar aprobara con aprieto que el Comunidad asuma «la adjudicación y validación de peritajes para la acreditación de los daños causados ​​en viviendas y/o bienes de las personas». afectados que no tienen seguro. Se comercio de un mecanismo prioritario para testimoniar los daños causados ​​a viviendas que, en el caso de la ciudad de Valencia, se han concentrado con decano intensidad en los barrios y barriadas de La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar-Oliveral y dispersos en sus alrededores.

“Las casas que no están aseguradas necesitan una pericia para poder acreditar los daños que han sufrido”, explicó el corregidor, destacando que “la gente necesita ayuda, y es desde el Ayuntamiento de Valencia que asumimos esta pericia”. A estos bienes, tal y como se indica en el convenio permitido por el Gobierno municipal, las delegaciones municipales y los servicios competentes procederán a la contratación, con carácter de aprieto, de los servicios periciales oportunos. El acuerdo incluso prevé “que se podrá contactar con colegios profesionales y otras personas jurídicas para obtener su asistencia y colaboración”.

La medida avala a lo dispuesto en el vivo decreto-ley permitido el 5 de noviembre, relativo a “medidas urgentes de respuesta a los daños causados ​​por la Depresión Aislada de Alto Nivel (DANA) en distintos municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024”. Según lo previsto en dicha disposición judicial, para acreditar el valía de los daños causados ​​a la vivienda y a los riqueza de primera carestia, en los casos en que no exista cobertura de seguro, se admitirá un peritaje contratado y validado por el Comunidad «en el caso de que así sea». se hace constar la destrucción del alojamiento con valoración de los mismos, o los daños sufridos por el mismo o los riqueza esenciales con valoración de éstos.

Formación de medidas

El Consejo de Gobierno incluso impulsó, pocas horas luego de la inundación, la asignación de un millón de euros para gastos de emergencia y la tramitación urgente de contratos de audiencia para hacer frente a la emergencia. Asimismo, se ha facultado a las concejalías de Servicios Sociales y Vivienda para permitir el golpe de las personas afectadas a viviendas recientemente adquiridas por el municipio en el entorno del arrabal de La Torre. En el mismo espíritu, se ha calificado a los funcionarios que viven fuera de la ciudad, se han gastado afectados por las inundaciones y no pueden teletrabajar, a colaborar con las corporaciones de sus municipios de residencia. Y incluso a funcionarios de la Filial Lugar con autorización franquista, para que puedan felicitar audiencia jurídica y técnica a las corporaciones de los municipios afectados por la dana que lo necesiten.

Finalmente, el Gobierno municipal ya ha presentado su propuesta de presupuesto normal para 2025, que deberá ser ratificada por el pleno, y que incluye los rudimentos necesarios para dar servicio a los barrios de La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-l’Olvieral afectados. . por daño. Como señaló hace unos días la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, “se podrá modificar tantas veces como sea necesario en función de las necesidades que generen los efectos de la emergencia”.