Exención de pago de agua y alcantarillas en distritos afectados por la Dana

El alcalde de Valencia, María José Catalá, anunció el lunes que el Consejo Municipal de Valencia «eximirá el pago de agua y la tarifa de alcantarillado a los residentes de Castellar-L’oliverral, Forn d’Alçedo y Torre hasta el 31 de marzo». La medida significará ahorros para la ciudadanía de las tres distancias de alrededor de 900,000 euros, y se lleva a cabo para continuar apoyando la recuperación económica de las personas y la economía de la población, que se vieron seriamente afectados por DANA el 29 de octubre.

El viernes pasado, se aprobó una moción de conducción para que los técnicos municipales determinen las fórmulas para que los vecinos de las tres distancias no tengan que pagar la cantidad de consumo de agua potable y la tasa de aguas residuales, los coleccionistas y las estaciones de bombeo, correspondientes al período entre el 29, 2024 y el 31 de marzo de 2025 de octubre. Una medida que está en una medida que está en sintonía con la exención de las redes del cañón de los senorías de este mismo período, aprobado por el Generalitat, que también comprende que el Consejo Municipal asume los montos de consumo.

«En noviembre, suspendemos esta carga y la extendemos hasta el día siguiente 31», dijo Catalá, quien intervino el lunes en el III Fòrum en el municipalismo de Levante-EMV, que se celebra hoy y mañana. El alcalde participó en esta tercera edición de Reunion, que este año se centra en la reconstrucción después de la inundación y que tiene una representación de los tres casos de administración estatal: municipios, gobierno regional y gobierno central.

De hecho, Cataá reiteró «la necesidad de que el Gobierno de España adopte medidas urgentes para aliviar la carga presupuestaria de los vecinos, como flexible y extender la exención de IBI y la reducción de IAES durante el 2025 e incluir el impuesto sobre los vehículos, compensar a los municipios por costos e impuestos ondulados». Y, por lo tanto, nuevamente reclamó fondos locales justos. «Es hora de que el financiamiento local no dependa de lo que queda después de la distribución del financiamiento regional, defendido, pero tiene una asignación estatal directa y suficiente».

Debe recordarse, como señaló el alcalde de Valence, que el Consejo Municipal ya ha movilizado 40 millones de euros para la reconstrucción: se ha completado la reparación de los centros educativos, se está completando un nuevo centro de servicios sociales y abre un nuevo campo de fútbol en la torre, se está fabricando un gran esfuerzo de limpieza (calles, playas y obufera); Ya se han otorgado más de un millón de euros a las tiendas por cuenta propia y asignadas, y se devolvieron 430,000 euros del IBI, así como las tasas municipales vinculadas a la reconstrucción se han suspendido.

Funciona en el barranco de Poyo y en el nuevo canal

Durante su discurso, el alcalde de Valence recordó que el Consejo Municipal presentó la semana pasada las conclusiones de la Comisión de Estudio de Reconstrucción, un documento «que recopila 100 medidas en doce ejes de acción para trabajar en la reconstrucción, pero también en la prevención», explicó. «Si esta Dana nos ha enseñado algo, es porque nuestra infraestructura necesita un examen en profundidad», dijo Catalá.

En consecuencia, planteó la necesidad de tratar un nuevo plan desde el sur, adaptado a los desafíos del siglo XXI. «València y su área metropolitana deben estar preparados para desafíos y episodios extremos derivados del cambio climático, y es por eso que un nuevo plan del Sur debe incorporar infraestructuras hidrológicas que hacen nuestra ciudad, pero también toda la región metropolitana, dijo.

Y, en este contexto, se refirió a «las obras necesarias en el barranco de Poyo para evitar que un desastre como este se reproduzca». «Pero también digo», agregó, «que si haces el desvío del barranco de Poyo en el nuevo canal de Túria, debes hacer nuevos trabajos en el canal para proteger nuestras distancias». «Esto es lo que nos dijeron los expertos, y mi condena y mi obligación», dijo María José Cataá, «porque estamos hablando de proteger vidas, casas y trabajos», concluyó.